BIEN quisiera extraviarme por los caminos de la inconsciencia y hallar que vivimos en un mundo aceptable y hasta casi placentero, si no fuera por algunas graves preocupaciones económicas y por el cuadro de miseria que nos rodea, bastante más maloliente y estremecedor que el que se observa en otros países latinoamericanos, no hace muchos años en condiciones muy inferiores al nuestro. Bien quisiera cerrar los ojos y no ver, no oír ni sentir lo que pasa en el Perú de estos días y deslizarme por los sueños del recuerdo de épocas mejores, optimistas. Pero la obligación de un periódico o revista de opinión es la de pisar tierra y no burlar a la realidad. Una realidad que día a día se hace más pavorosa y más real, más inescamoteable.
¿Cómo callar, por ejemplo, lo que está ocurriendo con la subversión, el problema número uno del país?... Y, tampoco es posible silenciar, menos una revista de oposición, el complot que el presidente Fujimori va tejiendo, con cautela pero sin pausa, para lograr lo que podría llamarse captura del poder desde Palacio, la toma subrepticia de un mando extralegal que excede al mandato que el pueblo otorga con sus votos en las elecciones. Hay más que un estilo imperial en el presidente Fujimori. Está ya clarísima no sólo su tentación al atropello de las instituciones republicanas y al avasallamiento de los otros poderes del Estado, sino su propósito de acomodar las disposiciones constitucionales a sus apetitos cesáreos. Para ello le sirven -como ahora, en el caso de la promulgación del presupuesto observado- las opiniones profesionales de ilustres jurisconsultos habituados a hallar razón en sus clientes.
Pero no nos saltemos el tema del terrorismo que es el telón de fondo de todo lo que ocurre en el país. Un tenebroso telón de fondo que no es posible ocultar a una opinión pública que, atónita, acaba de presenciar cómo las fuerzas del orden, incluidos el Ejército y la Aviación, rehuían enfrentarse a un comando senderista que se había apoderado de los campamentos de la Mobil en la selva y de dos helicópteros que, una vez cumplida su misión destructora, los subversivos usaron para retirarse del lugar. Ni el Comando Conjunto, ni el general en jefe de la Zona de Emergencia ni la policía de la región, ni el ministerio del Interior, ninguna de las autoridades del Estado movieron un dedo contra los senderistas, a pesar de estar bien enteradas -con muchos días de anticipación- de lo que tendría que ocurrir y ocurrió. Tampoco es misterio que el cerco de Sendero sobre Lima se viene estrechando sin que el gobierno y los militares hagan otra cosa que condecorarse entre ellos, brindar con champagne y lanzar al viento discursos furibundos contra la subversión; mientras ésta sigue imponiendo su horca y su ley en grandes extensiones del territorio nacional y en las tres entradas y salidas terrestres de la capital. Pisco, Cañete, Huachipa, Huaycán, Huaura, Barranca, Huacho son zonas rojas, donde las autoridades apenas están pintadas en las paredes y sobre cuyas costas vuelan los helicópteros de la policía... vigilando para que los bañistas imprudentes no se ahoguen. ¡Pareciera que el ministro de Alan García, don Agustín Mantilla, hubiera tenido cuidado en adquirir -con sobreprecio naturalmente- máquinas que no pudieran alejarse del mar, sin techo suficiente para actuar en la serranía, con ánimo de obedecer el consejo de su bondadoso espíritu: salvar veraneantes distraídos antes que perseguir senderistas!.
Este telón de fondo, donde el terrorismo se va imponiendo mientras la acción antisubversiva se pierde -como vemos entre aterradores disparates e incongruencias, es el escogido por el presidente Fujimori para ir complotando contra los otros poderes del Estado y la institucionalidad republicana ¡Increíble, pero cierto!
¿Cómo callar, por ejemplo, lo que está ocurriendo con la subversión, el problema número uno del país?... Y, tampoco es posible silenciar, menos una revista de oposición, el complot que el presidente Fujimori va tejiendo, con cautela pero sin pausa, para lograr lo que podría llamarse captura del poder desde Palacio, la toma subrepticia de un mando extralegal que excede al mandato que el pueblo otorga con sus votos en las elecciones. Hay más que un estilo imperial en el presidente Fujimori. Está ya clarísima no sólo su tentación al atropello de las instituciones republicanas y al avasallamiento de los otros poderes del Estado, sino su propósito de acomodar las disposiciones constitucionales a sus apetitos cesáreos. Para ello le sirven -como ahora, en el caso de la promulgación del presupuesto observado- las opiniones profesionales de ilustres jurisconsultos habituados a hallar razón en sus clientes.
Pero no nos saltemos el tema del terrorismo que es el telón de fondo de todo lo que ocurre en el país. Un tenebroso telón de fondo que no es posible ocultar a una opinión pública que, atónita, acaba de presenciar cómo las fuerzas del orden, incluidos el Ejército y la Aviación, rehuían enfrentarse a un comando senderista que se había apoderado de los campamentos de la Mobil en la selva y de dos helicópteros que, una vez cumplida su misión destructora, los subversivos usaron para retirarse del lugar. Ni el Comando Conjunto, ni el general en jefe de la Zona de Emergencia ni la policía de la región, ni el ministerio del Interior, ninguna de las autoridades del Estado movieron un dedo contra los senderistas, a pesar de estar bien enteradas -con muchos días de anticipación- de lo que tendría que ocurrir y ocurrió. Tampoco es misterio que el cerco de Sendero sobre Lima se viene estrechando sin que el gobierno y los militares hagan otra cosa que condecorarse entre ellos, brindar con champagne y lanzar al viento discursos furibundos contra la subversión; mientras ésta sigue imponiendo su horca y su ley en grandes extensiones del territorio nacional y en las tres entradas y salidas terrestres de la capital. Pisco, Cañete, Huachipa, Huaycán, Huaura, Barranca, Huacho son zonas rojas, donde las autoridades apenas están pintadas en las paredes y sobre cuyas costas vuelan los helicópteros de la policía... vigilando para que los bañistas imprudentes no se ahoguen. ¡Pareciera que el ministro de Alan García, don Agustín Mantilla, hubiera tenido cuidado en adquirir -con sobreprecio naturalmente- máquinas que no pudieran alejarse del mar, sin techo suficiente para actuar en la serranía, con ánimo de obedecer el consejo de su bondadoso espíritu: salvar veraneantes distraídos antes que perseguir senderistas!.
Este telón de fondo, donde el terrorismo se va imponiendo mientras la acción antisubversiva se pierde -como vemos entre aterradores disparates e incongruencias, es el escogido por el presidente Fujimori para ir complotando contra los otros poderes del Estado y la institucionalidad republicana ¡Increíble, pero cierto!
Porque eso, conspiración contra el orden democrático, es lo que se esconde tras la discutida promulgación parcial del Presupuesto para 1991. No hay disputa alguna sobre si el presidente puede observar o no, parcial o totalmente, las leyes aprobadas por el Parlamento. Se trata de una clarísima atribución presidencial que nadie pone en duda. Lo que se rechaza, lo que subleva a los defensores de los fueros democráticos y del equilibrio de poderes que la Constitución consagra es la voluntad presidencial de imponer su capricho, usando caminos vedados tanto desde el punto de vista jurídico como político. A nadie convencen los doctores Enrique Chirinos y Javier Valle Riestra con sus alambicadas explicaciones constitucionalistas en favor del veto presidencial, que en el caso del doctor Chirinos concluyen con la cavernaria tesis de que la disputa la ganará el poder del Estado que disponga de mayor fuerza: "el país tiene presupuesto -dice Chirinos- y el Congreso ha de reunir, si quiere y si puede, una mayoría calificada para vencer el veto presidencial". Y ese camino, el de la imposición y confrontación de poderes es justamente el que han de rechazar todos los que lean la Constitución con ánimo constructivo y democrático. Puede el presidente -nadie lo discute- observar en todo o en parte una ley, pero el mandato constitucional es preciso en señalar que luego de la observación es obligatorio devolver al Congreso la ley observada para que éste, que es el Poder Legislativo, sea el que decida, no porque pueda más o pueda menos, sino porque ese es el orden jurídico de las cosas en una constitución democrática, con equilibrio de poderes.
¿Que no había tiempo para cumplir con el trámite de devolver al Congreso la ley observada, ya que la Constitución obliga a que el 1º de enero entre en vigencia el presupuesto del año?
Falso: porque el Parlamento, para cuestiones de presupuesto -no para otras leyes-, no desaparece cuando está en receso. Hay comisiones permanentes de Presupuesto y del Congreso para aprobar o desaprobar, en el plazo de una semana, los proyectos que le remita el Ejecutivo modificando la Ley Anual de Presupuesto. (También podía haberse convocado a Legislatura Extraordinaria para lo mismo). Todo esto en el terreno de la hermenéutica parlamentaria. Pero también es falso el argumento de la falta de tiempo si consideramos que la demora en el traslado de los documentos presupuestales del Congreso a Palacio de Gobierno fue una jugarreta política de Cambio 90, destinada a justificar el caballazo presidencial contra el Parlamento. Se trata de diez días perdidos premeditadamente, de una maniobra, a todas luces grotesca, en la que las manos de los parlamentarios de Cambio 90 adictos al presidente aparecen por todas partes.
Una vez más las huellas del complot que el presidente Fujimori viene tramando contra la democracia han quedado grabadas. Esta vez en la Ley Anual de Presupuesto.
Mientras tanto los caballos del Apocalipsis recorren las punas, selvas y costas; peruanas.
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