DOS son los sucesos que, esta semana, han suscitado el interés de una ciudadanía cada vez más abúlica, más desencantada de la actividad política. Pareciera que el actual desgano nacional, no sólo por el quehacer ciudadano sino por todo lo que no sea fácil diversión, se hubiera acrecentado últimamente, con la ayuda de una prensa que no sólo desorienta sino que mal orienta al público. Sin embargo, esos dos hechos que inquietan hoya nuestra sociedad son políticos. Uno es la voluntad gubernamental" de controlar desde Lima, desde el Palacio de Pizarro, los fondos municipales de todo el Perú. Y el otro es el sorpresivo susto sufrido por los pacíficos habitantes de las Torres de Limatambo, por culpa de un fallo judicial no tan ingenuo como está siendo presentado.
Daniel Estrada, alcalde del Cusco, hombre de ideas claras cuando no se trata del Qosqo y del Imperio Incaico -en ese punto disparata con la seriedad de un Quijote-, ha dicho una verdad de a puño al afirmar que el régimen que nos gobierna está tratando de destruir la institucionalidad municipal, la más arraigada en el país, con el propósito de establecer un nuevo y desconocido sistema político. No se equivoca don Daniel Estrada. Detrás de la centralización de los fondos municipales en las manos personales del señor Fujimori importante instrumento para su reelección- está escondida la figura del Nuevo Perú que surgirá del 'Gobierno de Reconstrucción Nacional', según meta trazada por el golpe militar del 5 de abril de 1992, golpe que el señor Fujimori evoca con cierta frecuencia como inicio glorioso de la transformación del país. No es casual ni circunstancial la desarticulación de todas las instituciones nacionales. El doctor Javier Pérez de Cuéllar la ha llamado, con precisa dureza, "arrasamiento institucional". El propósito es cada día más evidente -ingresarnos a un orden político inédito-, aunque poco a poco se va viendo que las nuevas instituciones, como el Parlamento Unicameral, no sólo son calco de lo anterior sino mala copia, con acrecentamiento de sus peores vicios. Los parlamentarios de ayer, por ejemplo, escandalizaban con sus sueldos de tres mil dólares, mientras que hoy los cecedistas cobran siete mil, sin que la prensa se entere, sin que Fujimori abra la boca y sin que su labor valga algo más que el salario mínimo.
¿Y con la institución presidencial qué ha ocurrido? También está a la vista. Nunca antes un presidente peruano -salvo Leguía- ha dispuesto con mayor desaprensión que Fujimori de los fondos y los bienes del Estado. El, sólo él, sin dar cuenta a nadie, sin comprobación alguna de su alegada honestidad y preparación técnica, Fujimori reparte computadoras, dólares, tractores, señalando a la buena de Dios el trazo de un camino o la ubicación de una escuela. Alguna vez, al grito de la multitud, en demostración de altísima tecnología, ha cambiado de trazos y ubicaciones.
Pero si el manejo arbitrario y personalísimo de los fondos municipales ha levantado polvareda, ya que a nadie engaña Fujimori con el cuento de la simplificación tributaria, el problema de las Torres de Limatambo podría desatar una tempestad. Este asunto que, a grosso modo, no es otra cosa que la explotación electoral de una comedia de enredos -sorpresivamente, de un fallo judicial aún no bien esclarecido, surge refulgente la figura de Fujimori que todo lo puede y todo lo arregla-, también es un asunto moral que está dejando entrever un 'modernísimo' método para hacer las cuentas del Gran Capitán. Bien podría ser el hilo que los lleve al ovillo de nuevas tecnologías para encubrir negociados. Estamos hablando del afán de pago de este gobierno. Al Japón se le paga, sin chistar, el máximo de su reclamo por la deuda del oleoducto. Se hace lo mismo con la petrolera Belco, mejor dicho, con su aseguradora, la AIG, empresa vinculada al señor Kissinger. No se discute el precio. Se paga. Y se logra así la complicidad del influyente ex secretario de Estado de Estados Unidos de Norteamérica, así como se ha conseguido que estén bien abastecidas por las donaciones japonesas, las Apenkais de la familia Fujimori. Lo mismo -el pago completo- se hará con los bancos que adquirieron los barcos Mantaro y Pachitea y se los fletaron a la CPV. Sin protesta, se les cancelará el íntegro de su reclamo; sin hacer uso de los documentos que ponen en evidencia que ese negociado lo realizaron los bancos americanos en complicidad con elementos de la CPV, y no al revés. (Ver cuadrilátero). Este gobierno no se deja guiar por el viejo proverbio de más vale un mal arreglo que un buen pleito. Está desesperado por pagar y pagar sin rebaja. Para después iniciar proceso judicial, en Estados Unidos, al Chemical Bank y American Express. Primero cancelará a los bancos y más tarde se dedicará a pagar abogados, como lo hizo con el famoso robo de la Marina, hasta ahora sin sanción y sin recuperación de lo robado. Más modernismo es imposible.
¿Pagará también, sin chistar, lo que reclama la familia Marsano por sus terrenos en Limatambo?
No sería de extrañar, a pesar de los 20 mil metros cuadrados ya devueltos a los Marsano hace unos años, en una esquina muy engordada por la plusvalía: Aviación con Primavera. El afán de pago del gobierno de la Reconstrucción Nacional es incontenible. Lo que no quiere decir que propiciemos el 'perro muerto' a lo Alan García, ni que prejuzguemos sobre cuál sería la justa compensación a los expropiados de Limatambo. Lo que esta columna advierte es un afán de pago que hace sospechar que el ir y venir de tanto dinero puede dejar basuras en el camino. ¿Por qué -otro ejemplo- el desesperado propósito de cancelar todas las deudas de las empresas públicas (427 millones de dólares) con la banca comercial? Que se pague, en éste y en otros casos, está bien. Por lo pronto sería un acto de justicia que a OIGA le fueran devueltos sus talleres y edificio, confiscados en 1974 y hasta ahora en poder de los usurpadores. Pero otra cosa es tan desmesurado afán por pagar, sobre todo cuando el peso de las deudas lo carga el pueblo, obligado a abastecer la Caja Fiscal con el 18% de recargo en los alimentos, los libros, las medicinas, la vivienda... Cuando se es gobierno no basta con alegar honestidad. Hay que probarla.
Daniel Estrada, alcalde del Cusco, hombre de ideas claras cuando no se trata del Qosqo y del Imperio Incaico -en ese punto disparata con la seriedad de un Quijote-, ha dicho una verdad de a puño al afirmar que el régimen que nos gobierna está tratando de destruir la institucionalidad municipal, la más arraigada en el país, con el propósito de establecer un nuevo y desconocido sistema político. No se equivoca don Daniel Estrada. Detrás de la centralización de los fondos municipales en las manos personales del señor Fujimori importante instrumento para su reelección- está escondida la figura del Nuevo Perú que surgirá del 'Gobierno de Reconstrucción Nacional', según meta trazada por el golpe militar del 5 de abril de 1992, golpe que el señor Fujimori evoca con cierta frecuencia como inicio glorioso de la transformación del país. No es casual ni circunstancial la desarticulación de todas las instituciones nacionales. El doctor Javier Pérez de Cuéllar la ha llamado, con precisa dureza, "arrasamiento institucional". El propósito es cada día más evidente -ingresarnos a un orden político inédito-, aunque poco a poco se va viendo que las nuevas instituciones, como el Parlamento Unicameral, no sólo son calco de lo anterior sino mala copia, con acrecentamiento de sus peores vicios. Los parlamentarios de ayer, por ejemplo, escandalizaban con sus sueldos de tres mil dólares, mientras que hoy los cecedistas cobran siete mil, sin que la prensa se entere, sin que Fujimori abra la boca y sin que su labor valga algo más que el salario mínimo.
¿Y con la institución presidencial qué ha ocurrido? También está a la vista. Nunca antes un presidente peruano -salvo Leguía- ha dispuesto con mayor desaprensión que Fujimori de los fondos y los bienes del Estado. El, sólo él, sin dar cuenta a nadie, sin comprobación alguna de su alegada honestidad y preparación técnica, Fujimori reparte computadoras, dólares, tractores, señalando a la buena de Dios el trazo de un camino o la ubicación de una escuela. Alguna vez, al grito de la multitud, en demostración de altísima tecnología, ha cambiado de trazos y ubicaciones.
Pero si el manejo arbitrario y personalísimo de los fondos municipales ha levantado polvareda, ya que a nadie engaña Fujimori con el cuento de la simplificación tributaria, el problema de las Torres de Limatambo podría desatar una tempestad. Este asunto que, a grosso modo, no es otra cosa que la explotación electoral de una comedia de enredos -sorpresivamente, de un fallo judicial aún no bien esclarecido, surge refulgente la figura de Fujimori que todo lo puede y todo lo arregla-, también es un asunto moral que está dejando entrever un 'modernísimo' método para hacer las cuentas del Gran Capitán. Bien podría ser el hilo que los lleve al ovillo de nuevas tecnologías para encubrir negociados. Estamos hablando del afán de pago de este gobierno. Al Japón se le paga, sin chistar, el máximo de su reclamo por la deuda del oleoducto. Se hace lo mismo con la petrolera Belco, mejor dicho, con su aseguradora, la AIG, empresa vinculada al señor Kissinger. No se discute el precio. Se paga. Y se logra así la complicidad del influyente ex secretario de Estado de Estados Unidos de Norteamérica, así como se ha conseguido que estén bien abastecidas por las donaciones japonesas, las Apenkais de la familia Fujimori. Lo mismo -el pago completo- se hará con los bancos que adquirieron los barcos Mantaro y Pachitea y se los fletaron a la CPV. Sin protesta, se les cancelará el íntegro de su reclamo; sin hacer uso de los documentos que ponen en evidencia que ese negociado lo realizaron los bancos americanos en complicidad con elementos de la CPV, y no al revés. (Ver cuadrilátero). Este gobierno no se deja guiar por el viejo proverbio de más vale un mal arreglo que un buen pleito. Está desesperado por pagar y pagar sin rebaja. Para después iniciar proceso judicial, en Estados Unidos, al Chemical Bank y American Express. Primero cancelará a los bancos y más tarde se dedicará a pagar abogados, como lo hizo con el famoso robo de la Marina, hasta ahora sin sanción y sin recuperación de lo robado. Más modernismo es imposible.
¿Pagará también, sin chistar, lo que reclama la familia Marsano por sus terrenos en Limatambo?
No sería de extrañar, a pesar de los 20 mil metros cuadrados ya devueltos a los Marsano hace unos años, en una esquina muy engordada por la plusvalía: Aviación con Primavera. El afán de pago del gobierno de la Reconstrucción Nacional es incontenible. Lo que no quiere decir que propiciemos el 'perro muerto' a lo Alan García, ni que prejuzguemos sobre cuál sería la justa compensación a los expropiados de Limatambo. Lo que esta columna advierte es un afán de pago que hace sospechar que el ir y venir de tanto dinero puede dejar basuras en el camino. ¿Por qué -otro ejemplo- el desesperado propósito de cancelar todas las deudas de las empresas públicas (427 millones de dólares) con la banca comercial? Que se pague, en éste y en otros casos, está bien. Por lo pronto sería un acto de justicia que a OIGA le fueran devueltos sus talleres y edificio, confiscados en 1974 y hasta ahora en poder de los usurpadores. Pero otra cosa es tan desmesurado afán por pagar, sobre todo cuando el peso de las deudas lo carga el pueblo, obligado a abastecer la Caja Fiscal con el 18% de recargo en los alimentos, los libros, las medicinas, la vivienda... Cuando se es gobierno no basta con alegar honestidad. Hay que probarla.
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