SE dice que “los dioses vuelven ciegos a los hombres que quieren perder” y ¡vaya ciega que está la mayoría gobiernista en el Congreso! No aprecia o no quiere apreciar, que toda repetición es una ofensa y que por más que repita y repita una ley, ésta no es más legítima -o, mejor dicho, no será menos ilegítima- que su primera versión, si es que no hay -como no ha habido- enmienda a la anterior y se sigue trasgrediendo el orden constitucional, se sigue yendo contra de la naturaleza de las cosas y a contra pelo del sentir de la ciudadanía toda.
Esto es lo que ha hecho la mayoría gobiernista en el CCD y ha logrado así enajenarse la buena voluntad de la ciudadanía. Ha vuelto a recurrir el gobierno al manotazo de hierro, al golpe, esta vez contra el Poder Judicial, y lo ha hecho contrariando su propia Constitución. La ley de insistencia en la amnistía reitera la violación a la sustancia misma de cualquier Ley de leyes, pues, por lo pronto, si la amnistía es perdón por una culpa, no hay modo de amnistiar a alguien antes de que haya sido declarado culpable. Como es el caso de los presuntos responsables del horrendo y abusivo asesinato, a mansalva y sangre fría, de los asistentes a una pollada en Barrios Altos. Asesinato masivo que está en proceso y que la jueza doctora Saquicuray, con elemental sentido de la Justicia, no ha querido cortar, negándose a dar término a la investigación judicial, por considerar que la tal ley no puede alcanzar a los reos que todavía no han sido juzgados. Aunque en este asunto hay bastante más que el aspecto puramente jurídico, que admite el olvido de la pena, no del hecho. Se trata de un tema que nos lleva a topar con la ética, con el sentido de la moral pública. Por lo que bien ha hecho el escritor Bryce Echenique en declarar que amnistía viene de amnesia y que dentro de la cultura occidental, a la que pertenece esta palabra, el olvido sólo cabe cuando las faltas por perdonar son contra el Estado y no cuando lo son contra la vida de las personas, cuando se trata no de buscar la paz sino de premiar a una banda de aleves asesinos. “No puede haber perdón para los criminales”, proclama el arzobispo y cardenal Alzamora, advirtiendo con dolor y preocupación que “se están perdiendo los conceptos básicos de la conducta humana”.
Sin embargo, no nos hallamos ante un gesto gratuito de prepotencia, no es un desliz aislado lo ocurrido, ni sólo existe el ánimo de liberar a algunos miembros del Ejército que tuvieron actuación eficaz en el golpe del 5 de abril del 92. Detrás de las arbitrariedades añadidas a la ley de amnistía, consolidadas con la reiteración de la semana pasada, está el claro propósito de consolidar una “democracia sui generis” o sea una “democradura” como ha dicho el célebre autor de “Julius” y “No me esperen en Abril”. Más precisamente: un régimen autoritario, sin instituciones, sin contrapeso de poderes, sin otra autoridad que la del líder y la cúpula secreta que lo asesora y orienta, dentro de un plan de gobierno de 20 años.
¿Lograrán sus propósitos el presidente Fujimori y su cúpula?
De momento la respuesta es obvia. Todos los recursos del Estado, todo el poderío de las armas, toda la iniciativa política están en manos del gobierno, mientras la economía muestra una cara sonriente. Muy poco, casi nada, es lo que puede hacer la oposición para resistir la oleada de atropellos, prepotencias y arbitrariedades que se han producido y seguirán ocurriendo. Mientras las cosas estén como están, mientras tanto no varíe el clima político, poco o casi nada se puede hacer. Pero el abuso constante es como la gota de agua sobre la piedra, termina horadándola. El abuso -que es consustancial a cualquier autoritarismo terminará por generar el repudio generalizado de la opinión pública. Y contra esto, contra el veredicto popular, no habrá poderío que valga. Es vieja, sabia y comprobada la frase aquella de que “con las bayonetas se pueden hacer muchas cosas, menos una: sentarse en ellas”. Y quiéranlo o no, el sino fatal de las autocracias es sentarse en ellas. Es su destino.
Mientras tanto observemos con paciencia -no resignados sino manteniendo en alto la dignidad- lo que está ocurriendo alrededor nuestro y démonos cuenta de cómo la ciudadanía y b prensa, día adía, se va plegando a nuestra indignación. Aflora se ve a las claras que el único propósito del CCD fue darle visos de legitimidad democrática a la reelección presidencial y que toda normatividad legal -hasta su propia Constitución- es una piedra en el camino del autoritarismo. Por algo, mágicamente, se detuvo en el instante preciso la formación del Tribunal de Garantías Constitucionales. Y pronto comprobaremos, si el Poder Judicial responde como debe responder al golpe del Congreso, que en este país llamado Perú la actual normatividad jurídica es una tremenda farsa que estallará como un castillo de fuegos artificiales. Nos encontraremos con un Poder Judicial dando órdenes de captura que la policía -dependiente del Poder Ejecutivo- no ejecutará, porque el ministro de Gobierno dirá que él cumple con la ley y no con las órdenes de los Juzgados. Así como se pondrá en libertad a detenidos que la Justicia no ha absuelto. Un tremendo revoltijo que tendrá en vilo a esta patria que nos duele tanto porque es la tierra donde nacimos y donde vamos sufriendo el pasar de nuestras vidas.
¿Y si el Poder Judicial acata la ley de amnistía?
Bueno, en este caso, no varían mayormente las cosas, pues servirá de aliento para que el gobierno siga abusando de un poder que, en una democracia, está limitado por el imperio de la juridicidad y, en una dictadura, por el tiempo que tardan las bayonetas en ingresar a la carne de quienes se han sentado en ellas. Lo que temprano o tarde -no muy tarde- ocurrirá.
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